martes, 15 de octubre de 2013

"El único que da ultimátum es Dios", afirmó Mujica


MONTEVIDEO.- "¿Ultimátum? El único que da ultimátum es Dios." Con su estilo, el presidente de Uruguay, José Mujica, respondió a un periodista que le preguntó acerca del emplazamiento del canciller argentino, Héctor Timerman, que ofreció esperar un par de días antes de recurrir a la Corte de Justicia de La Haya para dar tiempo al gobierno uruguayo de retornar a una mesa de diálogo, luego de haber autorizado un incremento en la producción de la planta UPM (ex Botnia).
Mujica, que no es creyente, rechazó así la intimación de Timerman. Minutos después, sin embargo, la cancillería argentina ensayó una aclaración por Twitter. "La Cancillería desmiente que el canciller Timerman u otro funcionario hayan realizado algún tipo de «ultimátum» al Uruguay. Es una provocación inventada por medios afines a UPM", indicó, en un intento de bajar las tensiones del conflicto.
En Montevideo creen que el conflicto con la Argentina seguirá, al menos hasta después de las elecciones. Aseguran que la puesta en escena de Timerman y el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, persigue un objetivo electoral: sumar votos en Gualeguaychú.
Por otra parte, más allá de denunciar que la Argentina violó el Tratado del Río Uruguay al emitir los informes medioambientales de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), sostienen que el vecino país nunca suscribió los niveles de contaminación denunciados por la Argentina. Por el contrario, creen que las metas que mostró Timerman fueron fijadas unilateralmente por Hernán Orduna, el representante argentino en la CARU.
Mientras los gobiernos de la Argentina y Uruguay se enredan en un nuevo conflicto, la planta finlandesa UPM sigue fabricando pasta de celulosa y exportándola a países de Asia. El material sale en barcazas por el río Uruguay y cambia de barco en Nueva Palmira. Y de ahí al mundo. Ahora produce más que el año pasado, porque ya entró a regir una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que dio la autorización, condicionada a establecer ocho mejoras en los controles de su impacto ambiental.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Desde el gobierno uruguayo se afirmó a LA NACION que la voluntad de dialogar con la Argentina se mantiene siempre porque así lo ha dispuesto el presidente Mujica, pero no porque el canciller Timerman emplace a Uruguay públicamente.
"Lo hecho hecho está", dijo una fuente del gobierno, que vinculó esa afirmación con lo que el propio Mujica dijo sobre condiciones para los negocios. En efecto, hizo referencia a la necesidad de transparencia, al respeto de los compromisos y al cumplimento de lo resuelto. Puso énfasis en que "hay que tener una conducta".
"Me enorgullezco de tener una administración que si bien puede tener muchos defectos -no se caracteriza por trabajar muchas horas o de sacar los expedientes-, pero es la más honrada de América del Sur, que tal vez quisieran tener algunos países, hasta los del primer mundo", dijo Mujica.
El presidente oriental destacó el alto nivel de transparencia y seguridad jurídica del país y su secretaría de prensa subrayó una de sus expresiones.
Mujica hizo referencia a los episodios de coimas. "Si algún día alguien que quiera hacer algún negocio y lo quieren coimear, y no nos dicen, ahí estará perdido si nos enteramos; no aceptamos la prostitución de las decisiones, queremos claridad, que es el único capital que tenemos, y la sapiencia de que si aceptamos un compromiso tenemos que hacernos pedazos por cumplirlo", concluyó el mandatario uruguayo.
Ante el emplazamiento de Timerman, Mujica instruyó a su canciller, Luis Almagro, para que mantenga silencio y busque canales de negociación
FUENTE: LA NACION

Los asambleístas piden al Gobierno que cierre un paso fronterizo con Uruguay


La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú echó mano a nuevos instrumentos en su reclamo contra elincremento de producción en la pastera UPM -ex Botnia- y le pidió al Gobierno que cierre el paso de frontera por el puente internacional General San Martín hasta que sea la papelera relocalizada.
Los asambleístas indicaron que si el Gobierno no accede al reclamo, una reunión ampliada analizará la moción de cortar la ruta, una medida que está siempre latente.
El pedido de cierre del paso fronterizo, hecho a través de una carta, se basa "en la contaminación que provoca la pastera, expuesta por el propio gobierno argentino", y en ese sentido se recordó que el 17 de septiembre último trabajadores de ambos países que realizan su tarea en el paso fronterizo debieron ser asistidos por descomposturas.
En ese sentido, la Asamblea realizó el pedido al Gobierno "para proteger a quienes trabajan en el paso fronterizo Gualeguaychú-Fray Bentos, en la cabecera uruguaya del puente internacional General San Martín", que está a escasa distancia de la planta de UPM.
El asambleísta Martín Alazard manifestó que "el Gobierno deberá tomar medidas duras por la actitud de irresponsabilidad de los gobernantes uruguayos".
"Lo que pedimos es que quede como un paso muerto para proteger la salud de quienes desempeñan su trabajo en el paso de frontera, como gendarmes, aduaneros, inspectores y empleados de la Comisión Administradora del Río Uruguay", explicó.
"Una vez Perón lo hizo por razones económicas, ahora nosotros lo pedimos por razones ambientales", dijo hoy Alazard a radio Máxima de Gualeguaychú.
A su vez, la Asamblea aprobó enviar una nota al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, para que informe semanalmente sobre los estudios de aire en la ciudad.
Además, los asambleístas pedirán a Vialidad Nacional y a Tránsito de la Municipalidad de Gualeguaychú que instalen reductores de velocidad a la altura del kilómetro 28 de la ruta internacional 136, en Arroyo Verde, ya que las movilizaciones hacia ese lugar constituyen un riesgo para los manifestantes.
FUENTE: LA NACION

miércoles, 9 de octubre de 2013

Denuncian encadenamiento y golpes a menores en INAU



Menores internados en centros de privación de libertad denunciaron ante delegados de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales que sufren torturas de parte de funcionarios, como "colgadas", encadenamientos y palizas.

"Hay claras situaciones de tratos degradantes y torturas psicológicas y físicas" en varios hogares del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), dijo a El País el coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Juan Fumeiro.
El miércoles 2 y el jueves 3, Fumeiro y el también coordinador de los Derechos del Niño, Luis Pedernera, acompañaron al director de la Organización Mundial contra la Tortura, el suizo Eric Sottas, en una recorrida por hogares de la Colonia Berro y Montevideo, donde hay alojados 720 menores delincuentes que dependen del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). "Existe un frente de presión para que los problemas que hay en el uso de la fuerza y de situaciones claras de tortura no trasciendan", dijo.
Consultado sobre a qué tipo de torturas se refería, Fumeiro respondió que los testimonios recogidos señalan la existencia de apremios psíquicos y físicos dentro de INAU. "Hay denuncias de `colgadas`, encadenamientos, golpes y palizas reiteradas", agregó.
En la Colonia Berro, la delegación de activistas observó las condiciones de los hogares Ariel, Ituzaingó, Piedras y SER -máxima seguridad-. Los hogares de Montevideo observados fueron Desafío, Centro de Privación de Libertad (Ceprili), Centro de Estudios y Derivación (CED), Centro Femenino, Centro de Medidas Cautelares (CMC), Centro de Ingreso y Derivación (CID), entre otros.
Sottas y los dos coordinadores del Comité de los Derechos del Niño recibieron múltiples denuncias de malos tratos de parte de los adolescentes internados y las cotejaron con funcionarios que reconocieron que las mismas existían pero que tenían miedo de denunciarlas.
Fumeiro dijo que la estructura actual del hogar SER funciona como "un depósito de personas y no como un lugar de rehabilitación de adolescentes que delinquieron. "Los internos tienen un mínimo de actividad. Solo una hora de patio por día", agregó.
Pedernera señaló que los adolescentes que estudian carecen de una rutina. Es decir, un día concurren a clases y no saben si irán al otro día.

Brazos gordos.

Según los testimonios recogidos por los observadores, en los centros de privación de libertad las golpizas y torturas son prácticas protagonizadas por un grupo de funcionarios vinculados con el sindicato del INAU (Suinau).
"Se trata de un grupo minoritario. Sin embargo, tiene un predominio sobre los demás trabajadores que no se animan a enfrentarlos y realizar denuncias", dijo Fumeiro.
Enseguida agregó: "hay muchos funcionarios que tienen miedo por las presiones que ejerce ese grupo minoritario que ejerce la violencia. Además presionan con algún respaldo a nivel gremial que inhibe a los demás funcionarios para que hagan denuncias".
Fumeiro reiteró que esa situación quedó "clara" en las entrevistas con funcionarios e internos y "se corroboró" que ello ocurre.
Dentro del rubro de aspectos positivos constatados en los hogares visitados, los coordinadores del Comité de Derechos del Niño y el director de la Organización Mundial contra la Tortura observaron que las autoridades del Sirpa -organismo que gestiona los centros de internación del INAU- estaban construyendo un hogar para unas 100 plazas y que grupos de internos concurrían a cursos liceales o escolares aunque sin asiduidad
"Hay una tendencia a corregir aspectos que nosotros hemos marcado en anteriores visitas", dijo Pedernera.
Pese a esas mejoras -la construcción de nuevos centros y el inicio de cursos para grupos de adolescentes-, el Comité de los Derechos del Niño calificó como "preocupantes" las condiciones de reclusión y edilicias de cuatro centros: Desafío, SER, Centro Femenino y Centro de Privación de Libertad. "En esos centros recibimos testimonios de malos tratos tanto de funcionarios como de adolescentes", dijo Pedernera. (Ver nota aparte).
En las entrevistas con los activistas de derechos humanos, los funcionarios de los hogares reconocieron la existencia de malos tratos.
Pedernera dijo que no son todos los funcionarios del INAU los que incurren en este tipo de prácticas. "Son una minoría", destacó.
Según Pedernera, en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente se necesita tener un criterio general de la gestión del encierro. "No puede haber diferencias abismales en las condiciones de reclusión de un centro y otro", dijo.
Según el análisis realizado por los observadores, el hogar SER funciona como un lugar de castigo para aquellos internos calificados como problemáticos en otros hogares. Una situación similar existe en el sistema carcelario de adultos. El Penal de Libertad aloja a todos aquellos reclusos que generaron problemas de indisciplinas en otras cárceles. También alberga a reclusos extranjeros y uruguayos vinculados al narcotráfico.

El 80% de internas "sobremedicadas"

En su recorrida por los centros de reclusión femenina de menores, los activistas de derechos humanos encontraron un gran número de internas medicadas, dijo el coordinador del Comité de los Derechos del Niño, Luis Pedernera.
Señaló que el Centro Femenino aloja a 35 adolescentes, de las cuales 27 o 28 estaba medicadas. "Un 77% de las internas de ese centro había sido medicada", agregó Pedernera.
Indicó que observó cuadros de "fuertes medicaciones", ya que una adolescente "debía ser ayudada por otra para mantenerse en pie mientras participaba de la visita".
Según Pedernera, el número de internos medicados en el hogar Desafío es similar al encontrado en el centro femenino. Las visitas a los distintos hogares realizadas por los activistas de los derechos humanos también concluyó que existe un elevado hacinamiento en los hogares.
"Se construyen nuevas plazas. Pero al ritmo de privaciones de libertad de menores es elevado. Es como un ciclo vicioso", dijo Pedernera.
Indicó que observó que la totalidad de los centros aloja población "por encima" de su capacidad. "Por ejemplo, en Desafío hay 27 camas y allí alojan a 35 internos", dijo.
FUENTE: EL PAIS

Seguridad sin planes sociales "fracasa"



El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, remarcó ayer la importancia de conjugar medidas de seguridad con políticas sociales, ya que "las dos por separado fracasaron en todos lados".

"Las políticas sociales cambian la condiciones, pero no cambian a los delincuentes que ya existen, que generan una subcultura y generan determinados ámbitos. 
Pero enfrentar a los delincuentes ya existentes solo con políticas policiales significa mantener el problema en el tiempo", dijo el ministro, que ayer participó junto al presidente José Mujica del cierre de la Primera Conferencia sobre Cultura y Convivencia en las ciudades de América Latina.
El secretario de Estado admitió que cuando la Policía comenzó a realizar megaoperativos en zonas rojas "no estaba coordinado" que esas tareas se acompañaran con acciones sociales.
Luego eso se "corrigió" con el Plan para la Vida y la Convivencia, lanzado por el gobierno a mediados del año pasado, luego del brutal asesinato de un trabajador de un local de La Pasiva.
El mes pasado, el gobierno presentó oficialmente el Plan 7 Zonas, que se desarrolla en cuatro barrios de Montevideo y tres de Canelones, con un costo anual de US$ 34 millones. 
La idea es mejorar la convivencia en esos barrios mediante infraestructuras como plazas, centros cívicos y complejos deportivos, reforzar la seguridad en base a un nuevo plan de patrullaje y la Policía comunitaria
Por otro lado, Bonomi dijo que en enero, en el marco de un encuentro de ministros de Defensa realizado en Punta del Este, el secretario de Estado mexicano le aconsejó al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, que "nunca involucrara" a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Bonomi dijo que esa advertencia también se la realizaron a él en otros encuentros internacionales. "Me han dicho en México de la inconveniencia de esa situación", indicó.
FUENTE: EL PAÍS

Un hombre aterrizó un avión sin saber volar



Un pasajero sin experiencia de vuelo logró aterrizar un avión ligero en un aeropuerto británico después que el piloto quedó incapacitado.

El avión, en que iban dos personas, emitió la señal de emergencia al aproximarse el martes por la noche al Aeropuerto Humberside, en el noreste de Inglaterra.
Instructores de vuelo establecieron comunicación con el pasajero y después de varios intentos el aparato aterrizó con seguridad, aunque con cierta dificultad.
Algunos testigos dijeron que el avión tocó varias veces la pista y de la parte delantera salieron chispas.
Rob Murray, uno de los instructores de vuelo, dijo que el pasajero nunca había volado un avión y había hecho "una labor encomiable''.
La Policía informó el miércoles que el pasajero no resultó lesionado pero que el piloto falleció más tarde. No se dieron a conocer los nombres de ninguno de los que iban en el aparato.
FUENTE: EL PAIS

Expertos critican fallo de Eguren a favor del INAU



La sentencia del juez de lo contencioso administrativo Pablo Eguren, que desestimó una demanda contra el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por una rapiña que terminó con un homicidio en la que participó un menor infractor fugado del organismo, fue cuestionada por tres expertos que afirmaron que por las características del caso hubo responsabilidad del Estado.

Pablo Melendrez
El fallo señala que no hay "nexo causal" entre la fuga del adolescente y el intento de rapiña que el 29 de marzo de 2009 terminó con la vida de Terry Seog Huang Menda, un joven de origen asiático de 17 años de edad.
El menor fugado logró evadirse de la custodia que lo acompañaba en el Hospital Pereira Rossell, adonde había sido trasladado desde el hogar Desafío para ser tratado por una herida en su mano izquierda que él se provocó intencionalmente.
Eguren tomó en cuenta "la forma en que reaccionó la víctima", que persiguió a los tres delincuentes (uno de ellos el joven fugado) y en un forcejeo fue herido de muerte.
"Cuando un menor infractor se fuga es previsible que vuelva a delinquir, por lo que a mi juicio es claro que existió responsabilidad del INAU", consideró el abogado experto en derecho civil Gustavo Ordoqui, quien no tiene "ninguna duda" que se debió condenar al organismo.
Por otro lado, Ordoqui cuestionó la referencia al accionar de la víctima porque "se considera que participó en la culpa y eso realmente es un error gravísimo", ya que el joven fallecido se defendió de una "agresión ilegítima", explicó el experto a El País.
Por su parte, el abogado Carlos De Cores, director de la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, señaló que se trata de una sentencia "que sin dudas genera debate" y dijo que la resolución se basa "en un criterio ortodoxo de atribución de responsabilidad del derecho civil".
El abogado explicó a El País que existe una tendencia jurisprudencial "más moderna" -que en su opinión es la más adecuada- según la cual "debe ser más flexible la consideración de la relación causal cuando el demandado es el Estado, porque como organización tiene el cometido de velar por la seguridad de toda la sociedad".
En cuanto a la responsabilidad del joven fallecido, De Cores señaló que es un asunto "dudoso", aunque dijo que por tratarse de una demanda contra el INAU (que en los hechos es un tercero) no lo considera "tan desatinado".
"Si los demandados fueran los propios delincuentes, no se podría alegar eso. El tema es que el demandado es el INAU y existe una lejanía causal y además una conducta de la propia víctima que decidió correr un riesgo adicional y al final terminó causando un daño mayor", señaló.
En tanto, el abogado Bernardo Porras, socio del estudio Hughes & Hughes, comentó a El País que la sentencia de Eguren en este caso "va de acuerdo con una jurisprudencia que, desgraciadamente, tiende a preocuparse mucho por las finanzas del Estado y poco, o nada, sobre los malos mensajes que se brindan con sus decisiones".
"Una prueba del poco rigor con que se examina la responsabilidad estatal, es que la sentencia describe la fuga del menor sin efectuar comentario alguno, como si no hubiera habido en ese hecho grotescas negligencias de parte del INAU", criticó Porras.
"En esa misma línea de tendencia a la justificación estatal, se menciona en la sentencia que la fuga del menor no tenía por qué tener un desenlace delictivo. Se olvida decir, en cambio, que era previsible que muy probablemente lo tuviera", agregó.
Porras también criticó la posición del juez en cuanto al accionar de la víctima "como un elemento que le haga culpable o responsable de su propia muerte". "Si no se hubiera defendido hubieran dicho quizá que debió hacerlo. Lo que sugiere la sentencia es que todos nos tenemos que dejar robar", abundó.
"En cambio, el INAU, que conocía perfectamente al violento menor, que lo tenía a su cuidado, internado, esposado y que le dio la oportunidad de fugarse, no es responsable de nada", cuestionó Porras.
FUENTE: EL PAÍS