miércoles, 9 de octubre de 2013

Expertos critican fallo de Eguren a favor del INAU



La sentencia del juez de lo contencioso administrativo Pablo Eguren, que desestimó una demanda contra el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por una rapiña que terminó con un homicidio en la que participó un menor infractor fugado del organismo, fue cuestionada por tres expertos que afirmaron que por las características del caso hubo responsabilidad del Estado.

Pablo Melendrez
El fallo señala que no hay "nexo causal" entre la fuga del adolescente y el intento de rapiña que el 29 de marzo de 2009 terminó con la vida de Terry Seog Huang Menda, un joven de origen asiático de 17 años de edad.
El menor fugado logró evadirse de la custodia que lo acompañaba en el Hospital Pereira Rossell, adonde había sido trasladado desde el hogar Desafío para ser tratado por una herida en su mano izquierda que él se provocó intencionalmente.
Eguren tomó en cuenta "la forma en que reaccionó la víctima", que persiguió a los tres delincuentes (uno de ellos el joven fugado) y en un forcejeo fue herido de muerte.
"Cuando un menor infractor se fuga es previsible que vuelva a delinquir, por lo que a mi juicio es claro que existió responsabilidad del INAU", consideró el abogado experto en derecho civil Gustavo Ordoqui, quien no tiene "ninguna duda" que se debió condenar al organismo.
Por otro lado, Ordoqui cuestionó la referencia al accionar de la víctima porque "se considera que participó en la culpa y eso realmente es un error gravísimo", ya que el joven fallecido se defendió de una "agresión ilegítima", explicó el experto a El País.
Por su parte, el abogado Carlos De Cores, director de la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, señaló que se trata de una sentencia "que sin dudas genera debate" y dijo que la resolución se basa "en un criterio ortodoxo de atribución de responsabilidad del derecho civil".
El abogado explicó a El País que existe una tendencia jurisprudencial "más moderna" -que en su opinión es la más adecuada- según la cual "debe ser más flexible la consideración de la relación causal cuando el demandado es el Estado, porque como organización tiene el cometido de velar por la seguridad de toda la sociedad".
En cuanto a la responsabilidad del joven fallecido, De Cores señaló que es un asunto "dudoso", aunque dijo que por tratarse de una demanda contra el INAU (que en los hechos es un tercero) no lo considera "tan desatinado".
"Si los demandados fueran los propios delincuentes, no se podría alegar eso. El tema es que el demandado es el INAU y existe una lejanía causal y además una conducta de la propia víctima que decidió correr un riesgo adicional y al final terminó causando un daño mayor", señaló.
En tanto, el abogado Bernardo Porras, socio del estudio Hughes & Hughes, comentó a El País que la sentencia de Eguren en este caso "va de acuerdo con una jurisprudencia que, desgraciadamente, tiende a preocuparse mucho por las finanzas del Estado y poco, o nada, sobre los malos mensajes que se brindan con sus decisiones".
"Una prueba del poco rigor con que se examina la responsabilidad estatal, es que la sentencia describe la fuga del menor sin efectuar comentario alguno, como si no hubiera habido en ese hecho grotescas negligencias de parte del INAU", criticó Porras.
"En esa misma línea de tendencia a la justificación estatal, se menciona en la sentencia que la fuga del menor no tenía por qué tener un desenlace delictivo. Se olvida decir, en cambio, que era previsible que muy probablemente lo tuviera", agregó.
Porras también criticó la posición del juez en cuanto al accionar de la víctima "como un elemento que le haga culpable o responsable de su propia muerte". "Si no se hubiera defendido hubieran dicho quizá que debió hacerlo. Lo que sugiere la sentencia es que todos nos tenemos que dejar robar", abundó.
"En cambio, el INAU, que conocía perfectamente al violento menor, que lo tenía a su cuidado, internado, esposado y que le dio la oportunidad de fugarse, no es responsable de nada", cuestionó Porras.
FUENTE: EL PAÍS