jueves, 10 de diciembre de 2009

Liberación de menores




Si el tema de la inseguridad es la llaga abierta que deja el primer gobierno frenteamplista a su sucesor, el manejo de la situación de los menores infractores es, por lejos, el aspecto más doloroso de esta problemática que queda sin resolver. Peor aún, ni siquiera parece que haya una noción clara de cuál es el camino para ello. En estos días, cuando la capacidad de los centros de reclusión vuelve a estar desbordada, las autoridades han salido con una idea que genera alarma en la sociedad. El INAU ha convocado a los jueces de Menores para que revisen los expedientes de unos 50 jóvenes que, sostiene, estarían en condiciones de lograr una libertad anticipada.

Más de un entendido ha visto un paralelismo entre esta situación y lo ocurrido al principio de este gobierno, cuando el ministro Díaz promovió un plan de liberación de presos con el objetivo de descomprimir las atiborradas cárceles uruguayas, el cual fue a la larga un notorio fracaso. Un número importante de los liberados reincidió, la sociedad se sintió agredida por una medida que, en plena ola de delincuencia, premiaba a los responsables de la misma, y pocos meses después esas cárceles volvían a tener más "inquilinos" de los que había antes de la polémica medida.

Entre los críticos de esta movida del INAU se encuentran los fiscales, que han expresado su convicción de que los así liberados volverán a delinquir en breve. El Dr. Leonel Franzoni fue claro al indicar que "a veces se logra trabajosamente retener a los adolescentes infractores. Y una vez que los tienen a recaudo se los va a poner en libertad para dejar a la población a merced de ellos". Alarmante. Pero el problema en realidad va mucho más a fondo que esta medida desesperada de las autoridades del INAU, la cual es hasta comprensible cuando se observa que deben administrar un sistema absolutamente desbordado, ante la inminencia de las fiestas tradicionales, donde suelen ser más frecuentes los motines y revueltas, por la natural ansiedad que causa en cualquier persona estar privado de libertad por estas fechas.

El tema es que más allá de la obsesión por los cambios de nombres de los centros de reclusión, y algún aumento de recursos sin demasiado estudio, todo lo actuado por esta administración no ha hecho sino agravar la situación de estos menores. Desde la aprobación de un Código de la Niñez que parece más ajustado para un país nórdico que para la realidad uruguaya, hasta el permanente cambio de jerarquías, da la sensación de ser un asunto en el que el gobierno se encuentra perdido. Basta recordar las poco felices palabras del presidente Vázquez, cuando dijo que la cosa debía estar mejorando porque hacía tiempo que el INAU no salía en los informativos. Horas después, una fuga masiva ponía al instituto en todos los titulares, y al mandatario muy cerca del ridículo.

Tal vez el que ha estado más próximo de dar en la clave de porqué no se logra enfocar el asunto, ha sido el abogado defensor de menores Daniel Sayagués. El reconocido profesional, que está de acuerdo con la liberación en estudio pero es muy crítico de la gestión actual del INAU, sostuvo que "el gobierno cree que la delincuencia va a bajar porque desaparezca la pobreza extrema, cuando no hay una relación lineal entre una cosa y otra. El 90% de los que delinquen no son pobres, roban para comprar championes Nike u otros bienes". Esta mentalidad oficial, tan ingenua como desubicada, termina generando efectos contraproducentes. Así hoy tenemos centros con menores enjaulados como animales, donde los derechos humanos son violados de manera escandalosa.

Lo increíble es que, según los expertos, estamos hablando de un grupo de menores conflictivos que no supera los 300. Que, ante la impunidad con que actúan, tienen a una sociedad entera sumida en el miedo y la desconfianza. Un problema gravísimo que requiere un enfoque libre de preconceptos, ya que si no se da una solución contundente a esta sociedad agredida, es inevitable que surjan reclamos de mano dura y políticas draconianas que en el fondo se sabe no arreglarán la cosa. Sería fundamental que el nuevo gobierno buscara un gran acuerdo para una solución profesional y despolitizada de este tema. Aunque el hecho de que en la administración que termina, en esa "repartija" extraña que ha hecho el Frente Amplio de cargos por sectores, el INAU haya sido coto exclusivo del grupo del presidente electo (con los resultados a la vista) no permite hacerse demasiadas ilusiones.


El País Digital