viernes, 7 de noviembre de 2008

LEGITIMA DEFENSA NO DEBE ALENTAR EL GATILLO FACIL DE LOS PARTICULARES.




Es bueno que en varios casos recientes la Justicia haya reconocido que particulares que balearon a delincuentes estaban actuando en legítima defensa. Pero conviene aclarar que la legítima defensa es un instituto legal regulado y exigente, y no una pervivencia de la ley de la selva. Si alguien quiere combatir a la delincuencia, lo mejor que puede hacer es denunciar a los traficantes de pasta base. Y no comprar un arma e imaginar que es posible hacer justicia por mano propia. El gatillo fácil no lleva a ningún resultado positivo.

En tres ocasiones en los últimos días, la Justicia ha reconocido la eximente de legítima defensa en el caso de personas que mataron a un delincuente cuando eran víctimas de una acción criminal. El caso más comentado por la prensa es el del comerciante del Cerrito de la Victoria que, al ver a su joven hija embarazada a merced de un delincuente que le amenazaba con su arma, lo fulminó con un certero disparo de una escopeta calibre 20. El muerto era un hombre joven y sin antecedentes penales, cuya vida transcurría normalmente hasta que se sumió en la adicción a la pasta base y comenzó a delinquir. El flagelo de esta droga aparece así nuevamente en la génesis de una tragedia de las que cotidianamente siguen turbando la tranquilidad de los uruguayos.

Estos sucesos merecen varios comentarios. Señalando en primer lugar que la Justicia uruguaya ha sido siempre muy exigente en cuanto al cabal cumplimiento de los tres requisitos que el Código Penal exige para la configuración de la legítima defensa. Así, han sido muchos los uruguayos honestos que han terminado purgando una pena de prisión por defenderse con un arma de la acción de un delincuente, aún en las circunstancias -la intrusión nocturna en un domicilio- en que la legítima defensa se presume, pero no de un modo absoluto.

Los casos de los últimos días de algún modo sugieren que ha surgido entre los magistrados penales una inclinación a ser más flexibles en cuanto a la apreciación de estos casos, en que es frecuentemente el presunto defensor el que da motivo a su procesamiento con declaraciones infelices que no suelen ser más que el fruto del trauma espiritual que provocan estos acontecimientos. En el caso del comerciante, sus propias declaraciones dejaron en claro que obró en defensa de la vida de su hija -y en los hechos, también de su nieto- aterrorizado por la circunstancia de que el rapiñero pudiera disparar. Ha habido en la historia judicial otros casos en que, aún actuando en el marco objetivo de una legítima defensa, el presunto defensor ha señalado en sus declaraciones que actuaba con conciencia serena e intención de matar, colocándose a sí mismo tras las rejas.

Los requisitos que el derecho penal uruguayo exige para que se configure la legítima defensa son tres: que la agresión de la que se trata sea ilegítima, que el medio empleado para defenderse sea proporcional a la agresión y que no exista provocación suficiente de parte de quien se defiende. De modo alguno estas disposiciones abren la posibilidad de que se haga justicia por mano propia. Ni tampoco autorizan a dar muerte por la espalda a un ladrón que huye, ni para descargar toda la carga de un revólver sobre un rapiñero que ya fue reducido. Se trata de legítima defensa, de un instituto civilizado reconocido en todas las legislaciones y no de un remanente de la ley de la selva.

El problema es que esto no es ampliamente comprendido por la población. Y que alguien puede pensar que para combatir a la delincuencia hay que armarse hasta los dientes y disparar a la primera amenaza. De algún modo, el hecho de que el comerciante del Cerrito de la Victoria haya sido ovacionado por los vecinos durante la reconstrucción del suceso señala en cierta medida que sentimientos vengativos y proclives a la justicia por mano propia pueden aflorar en una población cuya preocupación por el delito ha crecido exponencialmente a partir de la irrupción entre nosotros de la pasta base, motivo de tantas desgracias para la sociedad uruguaya y factor que ha hecho crecer decisivamente la criminalidad violenta. Si hay algo seguro es que la delincuencia no encontrará un freno en un eventual gatillo fácil de los particulares. Y que armarse es también el modo de exponer a los seres queridos a accidentes también trágicos, mientras que solo la más completa familiaridad con el uso de un arma de fuego, y no su mera posesión, es capaz de convertirla en un elemento útil para contener una agresión.

Todos los uruguayos tienen otros modos de atacar a la delincuencia sin riesgos y en sus propias raíces. Uno de ellos es el más decidido combate al tráfico de pasta base, ese factor que hoy aparece presente en buena parte de la violencia que alarma al país. Los traficantes deben ser denunciados. Y es necesario también propiciar una nueva legislación que multiplique las penas por el tráfico de esta sustancia en concreto, que es la que engendra violencia. Claramente no es lo mismo, aunque todas las adicciones sean condenables, el distribuir sustancias de las cuales no se puede esperar un desborde violento que traficar este flagelo, devastador para el organismo de los adictos y fuente de violencias sin cuento que hieren a la sociedad y provocan extremos de violencia desconocidos entre nosotros.

El combate a la violencia armas en mano es un resorte que solamente debe ser utilizado por la fuerza pública. Si se desea colaborar, el gran papel de cada uno es hoy combatir a la pasta base en el hogar y en el barrio, reclamando la intervención de las autoridades, toda vez que asome su perverso rostro. No obstante, una situación como la del comerciante es perfectamente entendible y su liberación por parte de la Justicia debe ser compartida con el mayor de los énfasis.

Fuente Ultimas Noticias.

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